Luz Marina Becerra Panesso

Mantener viva la Esperanza

Desde el 2001 se ha enfocado en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, en especial de afrodescendientes víctimas del conflicto armado. Esta búsqueda la ha abanderado desde la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), que hace parte de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).

Luz Marina ha trabajado por el empoderamiento político de las mujeres; asesorado la creación de consejos comunitarios urbanos de comunidades desplazadas; instruido a las mujeres para decidir sobre su cuerpo; contribuido en procesos de fortalecimiento económico para la erradicación de la pobreza de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado; documentado, bajo un enfoque de género, la violencia que han padecido comunidades negras; incentivado estrategias de sanación a partir de prácticas y saberes ancestrales de las comunidades negras; y usado el arte (obras de teatro, poemas, canciones, obras artísticas, entre otras) como una herramienta política para transformar estereotipos, realidades y problemáticas sociales.

Empezó a sufrir hostigamientos, persecuciones y amenazas, por razones de su trabajo como defensora de derechos humanos, desde el 2007, año en el que empezó un ejercicio de documentación de violencias basadas en género, especialmente la violencia sexual vivida por mujeres negras en el marco del conflicto armado, y revisó por lo menos 350 casos en diferentes regiones del país. 

Este ejercicio de documentación le fue entregado a la Corte Constitucional con el fin de que este alto tribunal reconociera las afectaciones a las mujeres negras, desde un enfoque de interseccionalidad (género, raza, víctimas), contribuyendo a que en los 13 programas del Auto 092/2008, con el que se toman medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, se incluyera un componente de protección de los derechos de las mujeres afrocolombianas. 

En el año 2009, sufrió un atentado, razón por la cual tuvo que salir del país hacia Estados Unidos en busca de refugio para proteger su vida. No obstante, y a pesar de las amenazas y persecuciones, un mes después decidió regresar al país y retomar el trabajo social. En ese año se realizó una asamblea de asociados de Afrodes y tras las deliberaciones, la nombraron presidenta y representante legal, lo que le permitió continuar con un proceso de incidencia en la exigibilidad de los autos de la Corte Constitucional, 092/2008, 005/2009 y la sentencia T-025/2004, los principios rectores de las Naciones Unidas de 1997 y la Ley 387/97. 

Ya en ese cargo, empezó a promover medidas de protección colectivas para líderes, lideresas y comunidades, lo que derivó en seis encuentros territoriales, obteniendo como resultado la construcción de un documento de buenas prácticas para la protección de líderes, lideresas y comunidades, que fue presentado ante la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia en quien recaía la responsabilidad en aquella época de dar protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. 

Este trabajo le generó un incremento en las amenazas, hostigamientos, persecuciones, sin ninguna respuesta del Estado para generar garantías de protección, a pesar de denunciar los hechos y pedir medidas de seguridad. En el año 2011, intentaron asesinarla, lo que la obligó a salir del país nuevamente hacia Estados Unidos, donde permaneció un año. Su regreso a Colombia lo alentó el hecho de continuar con el proceso social. 

Preocupada porque las amenazas continuaban, y la falta de garantías de protección de su vida por parte del Estado, a finales del año 2012 decidió, en conjunto con un proceso colectivo con varias lideresas defensoras de derechos quienes vivían situación similar a la suya, solicitar medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La respuesta fue favorable: este organismo internacional le pidió al Estado colombiano medidas de protección para 11 lideresas defensoras de Derechos Humanos, entre las que figura Luz Marina. 

En un proceso de concertación con las 11 mujeres, el Gobierno Nacional les otorgó varias medidas de protección (un carro convencional, medio de comunicación, dos escoltas, un chaleco antibala). No obstante, a raíz de su papel de defensa de derechos humanos, ha continuado siendo víctima de hostigamientos y persecuciones en diferentes épocas y contextos.

En el año 2017, La Comadre recibió, a través de un evento público convocado por la Unidad para las Víctimas, la resolución mediante la cual se les reconoce como sujetas de reparación colectiva a nivel nacional, con enfoque de género, étnico y racial.

La lideresa hizo parte del proceso de incidencia del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, fue destacada por ONU Mujeres en el documental Mujeres que Hacen Paz en Colombia y en el año 2019 fue nominada como Afrocolombiana del año en la categoría Social por el diario El Espectador y la Fundación Color de Colombia.

En los últimos años, el colectivo sigue aportando a la construcción de la paz del país y reclamando justicia para las víctimas, visibilizando la situación a través de múltiples informes que han sido entregados a organismos nacionales e internacionales. Uno de los más recientes quedó en las manos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), sobre la verdad y el impacto del conflicto armado en la población negra, especialmente las mujeres Negras afrocolombianas. 

Durante 20 años de trabajo, La Comadre se ha articulado con distintas agencias de la ONU y la CIDH con el fin de producir informes que han sido presentados ante el Comité para la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Pero, ante todo, La Comadre se ha consolidado como alternativa autónoma para acompañar a las mujeres en la superación de los graves impactos que han experimentado como el grupo poblacional más afectado por el conflicto armado en Colombia.

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