Bogotá, 9 de julio de 2020
La Mesa de Fondos e Iniciativas de Protección presenta una carta abierta al presidente de la República de Colombia y otras autoridades del Estado sobre la falta de garantías para el derecho a defender los derechos humanos en el contexto del COVID-19
- En el primer trimestre del 2020, el programa Somos Defensores reportó 187 agresiones contra personas defensoras. Del total, fueron verificados 47 asesinatos, cifra que representa un aumento del 88% (25 asesinatos) en relación con el mismo período del 20191.
- Entre el mes de marzo, mes en el que iniciaron las medidas de emergencia sanitaria y junio de 2020, según Indepaz han asesinado 82 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia2.
La Mesa de Fondos e Iniciativas de Protección en una carta enviada al presidente de la República y otras autoridades del Estado expresa su preocupación por los asesinatos y vulneraciones de los derechos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del estado de emergencia por la COVID-19 y les solicita atender y prevenir las agresiones, amenazas y riesgos en su contra.
Las organizaciones nacionales e internacionales que integran la Mesa de Protección, en busca de salvaguardar el derecho a la vida, la integridad personal y el derecho a defender individual y colectivamente los Derechos Humanos, en una carta enviada al jefe de Estado, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación el 8 de julio de 2020 expresan lo siguiente:
Nos preocupa que:
- El fenómeno sistemático y generalizado de asesinatos y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos se incrementa persistentemente en Colombia desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Las agresiones, amenazas y asesinatos de lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del estado de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio por la COVID- 19 no han disminuido. Esta situación ha puesto en evidencia que las restricciones a la movilidad de quienes defienden los derechos humanos son aprovechadas por los victimarios para llegar hasta sus lugares de residencia donde se reportan varios casos de asesinatos.
- Los controles ejercidos por la fuerza pública han devenido en abusos de autoridad, encarcelamientos injustos, la denuncia del asesinato de un líder social y de varios civiles por parte del Ejército Nacional.
- Los grupos armados irregulares que controlan o se disputan territorios abandonados por el Estado y en condiciones de precariedad económica han tomado como excusa las medidas de la cuarentena para imponer normas de control social sobre la población, aumentando el riesgo para las personas y comunidades que defienden los derechos humanos.
- La percepción de un ambiente social de mayor represión esté amparada en algunos de los 101 decretos, directivas y circulares de emergencia, que no siempre buscan la atención diferencial de la población, sobre todo para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes3.
- La situación de las mujeres es especialmente crítica en este contexto. Se exacerban las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres al verse afectadas de forma desproporcionada en su autonomía, derechos, movilidad, salud, ingresos, aumento de la carga en su rol de cuidadoras y la violencia. En su ejercicio de liderazgo social y político. La situación se agrava en situación de pobreza extrema, mujeres en la ruralidad, trabajadoras del hogar, trabajadoras informales, mujeres con discapacidad, mujeres de la tercera edad, trabajadoras sexuales, migrantes, afrodescendientes, lesbianas, víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, defensoras y lideresas sociales. Asimismo, las medidas preventivas por COVID-19 han reducido la eficacia, efectividad y celeridad para proteger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género en el hogar, y en los espacios de participación.
Entre las solicitudes que la Mesa hace a las autoridades se encuentran las siguientes:
- Revisar y ajustar las medidas de protección a nivel territorial a fin de garantizar el derecho a la vida de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y el derecho a defender los derechos humanos, para lo cual es necesario que asigne los recursos extraordinarios.
- Emprender acciones inmediatas en las regiones donde han continuado los ataques y asesinatos de personas defensoras en estos tiempos de COVID-19, con el fin de garantizar su trabajo, el de sus organizaciones y comunidades, particularmente el de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Para ello debe implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz respecto al fortalecimiento de las medidas de autoprotección.
- Conforme a la recomendación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de derechos humanos, implementar el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos4, asignando recursos suficientes para su ejecución. Este Programa debe ser parte estructural de la Política Pública de Respeto y Garantías para la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos que el gobierno debe elaborar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
- Reactivar la Comisión Nacional de garantías de seguridad y las Mesas Nacional y Territoriales de Garantías para el derecho a defender los derechos humanos.
- Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la tutela de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá con respecto a la garantía y protección del derecho a defender los derechos humanos.
- A la Fiscalía General de la Nación se le reitera su obligación de agilizar las investigaciones judiciales a los autores materiales e intelectuales de los crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos, antes de que proceda el vencimiento de términos.
- A la Procuraduría General de la Nación insistir en la aplicación de la directiva 002 de 2017 sobre los lineamientos para la protección efectiva de los derechos defensores y defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes políticos y sociales, sus organizaciones, y a quienes participan activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
- A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo se les solicita constituir una comisión especial con la participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos, para hacer seguimiento a las denuncias por la restricción de libertades a los medios de información, el derecho a defender los derechos humanos y los presuntos asesinatos por parte de miembros de la fuerza pública, particularmente de los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos.
La Mesa de fondos e iniciativas de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia está conformada por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con colectivos, organizaciones y personas que defienden los derechos humanos para potenciar su autonomía, liderazgos, procesos de incidencia política, protección y el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes de la carta son Colectivo ANSUR, Pensamiento y Acción Social -PAS, Diakonía, Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizativo en Protección y Autoprotección -FFP, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe -FAU, y Protection International.
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1 Somos Defensores advierte que esta cifra puede aumentar porque faltan casos por verificar. Además, se debe tener en cuenta que el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia registra información conocida directamente por el Programa Somos Defensores y por fuente directa con las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que reportan casos al Programa.
2 Cálculo con información del Registro permanente de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos asesinadas de Indepaz, consultado en http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/, el 1 de julio de 2020. Este registro es realizado con información directa e inmediata de las organizaciones sociales en Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.
3 https://coronaviruscolombia.gov.co/covid-19/decretos.html
4 Resolución 0845 de 2018
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